1824: Santa Clara ante una posible invasión de Colombia
Por Carlos S. Coll Ruiz Durante los primeros veinte años del siglo xix, al aumentar en extensión y volumen de producción de la plantación esclavista, los defensores de la isla de Cuba serían los máximos opositores a cualquier cambio del status establecido, y por tanto la sacarocracia se uniría siempre al campo peninsular para apuntalar el orden establecido bajo la bandera del colonialismo español.
Los aires de cambios en la Península, ponderaban, en cierta medida, los balances de posiciones de la clase esclavista, a lo que se unían factores internacionales de trascendencia europea y americana.
En abril de 1823 se pone fin al régimen constitucional en España. Fernando VII obraría por el retorno del poder absoluto e intentaría ajustar las cuentas al movimiento independentista latinoamericano.
La expansión de las corrientes liberales; los vínculos con ese movimiento integrado por figuras criollas, y las fuertes motivaciones de Simón Bolívar por extirpar la dominación española en las Antillas, originaron profundas preocupaciones en los sectores del gobierno y los esclavistas, temerosos de un proceso independentista que inevitablemente arrastraría a los esclavos.
En ese año se produce en Cuba la conspiración Soles y Rayos de Bolívar, conectada al independentismo colombiano; y hacia finales de ese período se conocería de un intento de preparación de una expedición a la isla de Cuba, hecho que en definitiva no ocurrió.
Ese movimiento emancipador tendría repercusión en Cuba, y su influencia, no escapando la región central a estos influjos. Las actas del Cabildo de Santa Clara, del 29 de marzo de 1824, recogen una sesión extraordinaria para debatir, sobre el «[...] apresto en Cartagena de Indias de una expedición de diez Buques de Guerra de la República de Colombia con la tropa de transporte para invadir el territorio de esta Provincia que pretenden saquear...»,[1] expuesto en un documento por Joaquín Mariano Casanova, Comandante de Armas, texto que se anexaría al acta recogida en la reunión.
La Villa se puso y dispuso a defender su territorio de la presunta invasión colombiana, tal como antaño lo habían hecho contra la invasión inglesa en el año 1762.
Joaquín Mariano Casanova indicaba que «[...] le parecía de necesidad prevenirse a los capitanes de partidos formaran un padrón de todos los hombres útiles qué comprenda cada una de las armas y caballería de qué pueda disponerse para el servicio ocurriendo con ellos a los puntos qué se les prevenga...»[2]
Se encargó a la «[...] autoridad civil tomar todas las medidas y providencias oportunas a la seguridad y defensa y de acuerdo con lo enunciado...»,[3] y se responsabilizó a Francisco Javier Díaz, Síndico Procurador General, en darle cumplimiento a lo orientado por el Comandante de Armas.
En pie de guerra se levantó la jurisdicción, entregándose las armas de la Milicia Cívica a los vecinos, organizándose dos compañías de infantería con sus oficiales correspondientes, y alistada una tercera de caballería. Estas medidas adoptadas no implicaban que otras pudieran ser tomadas por el entonces Gobernador, y también por Francisco Dionisio Vives, Capitán General de la Isla.
La proyectada invasión no llegó a producirse, pero como colofón, quedarían organizadas dos Compañías de Voluntarios Reales; al tiempo que el 26 de abril de 1824, en sesión extraordinaria del cabildo se eligieron los oficiales de ambos cuerpos.
Los «Voluntarios Reales» estaban compuestos por los elementos más conservadores de la jurisdicción, y fueron creados como instituciones para preservar el sistema colonialista español ante los intentos de separación de la Isla de Cuba de España, lo que se oponía al movimiento independentista latinoamericano, por una parte, y a eliminar cualquier intento emancipador en esta zona.
Estos cuerpos son continuidad de otras medidas que, con anterioridad, se habían adoptado por el poder centralizado en aras de contrarrestar las influencias del movimiento independentista latinoamericano en Cuba, sobre todo en las ansias de libertad existentes en los sectores más radicales de la sociedad criolla, dispuesta a la separación de España.
En las sesiones, que durante el resto del año 1824 se realizaron, no se abordó nuevamente la proyectada invasión desde Cartagena de Indias. No existe la certeza, de acuerdo al documento expuesto por el Comandante de Armas, que tales preparativos se llevaban a cabo, en tanto no se expone la fuente que nutrió esa información. Tampoco obra en las actas posteriores, algún tipo de disposición de las autoridades superiores, relativas a los hechos referidos.
Cualquier intento por la independencia de la “siempre fiel isla de Cuba”, estaba condenado al fracaso. Para entonces, Félix Varela preveía que tal posibilidad resultaba inadmisible ante la falta de condiciones internas, y veía con absoluta claridad que la esclavitud constituía el principal freno. Tampoco creía oportuna la intervención extranjera en un proceso, donde los hijos del país debían jugar el papel fundamental. En tal sentido expresaría: «Sea cual fuere la opinión de cada uno, todos deben convenir en un hecho, y es que si la revolución no se forma por los de casa, se formará inevitablemente por los de afuera, y que el primer caso es mucho más ventajoso».[4]
En idénticos términos se expresó Manuel Sanguily al analizar el proceso independentista cubano y su relación con el sistema esclavista: «Por conservar los esclavos, que eran numerosos y constituían la base y asiento de la sociedad, los cubanos no siguieron el ejemplo de las dependencias españolas que se alzaron en armas contra la Metrópoli».[5]
Estos a acontecimientos, que agitaron la vida de la sociedad de Cuba durante este período, dejan constancia de la influencia del movimiento independentista latinoamericano en la zona central del país, y en particular en la Villa de Santa Clara, constituyendo parte sustancial del proceso general de formación de nuestra nacionalidad.[4] Félix Varela: Escritos Políticos. Editorial de Ciencias Sociales. La habana 1977, Pág. 137.
[5] Manuel Sanguily. Véase en La Discusión, Año XI. No 2581, de 11 de septiembre de 1899.
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