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SANTA CLARA DESEMPOLVA ARCHIVOS (15)

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Por Luis Machado Ordetx


Los perros errantes apresuraron a partir de 1711 las obsesiones de vigilancias sanitarias del Real Tribunal del Protomedicato de La Habana, institución que por entonces organizó el ejercicio de la medicina, el funcionamiento de las farmacias y asumió pliegos de medidas epidemiológicas para enfrentar estragos originados por las enfermedades que hostigaron las poblaciones cubanas.


Las Juntas de Sanidad no se crearon hasta un siglo después en Pinar del Río, La Habana, Santa Clara, Puerto Príncipe y Santiago de Cuba. Sin embargo, dos años después de aquella fecha Juan de Ortueta, vecino Regidor y Procurador General de la Villa de San Juan de los Remedios y su Jurisdicción, dispuso que «[…] se limpien y desmonten las calles y todo lo que hace el Pueblo. Y se cerquen los pozos que puedan hacer daño, y los perros que se saben de hacer ruido en el lugar de alguna novedad y los que deambulan por el territorio sean recogidos».


 Es la noticia más antigua que se tiene sobre el animal doméstico que anda descarriado por los caminos de las atribuciones del centro del país.  José A. Martínez-Fortún y Foyo lo asegura en Anales y Efemérides de San Juan de los Remedios y su Jurisdicción (1930), al recoger la ratificación que hicieron  Juan Pérez de Prados y Miguel Hernández, alcaldes ordinarios, quienes sugerían a los habitantes que «[…] no tengan perros y el que lo tuviese que sea bien amarrado de forma que no pase perjuicio y origine enfermedades.» En caso contrario, dijeron, sacrificarían al animal y sancionaban con dos ducados a los propietarios. La providencia  engrosaría los gastos en los que incurren las autoridades de Justicia y el desyerbe de las calles públicas.


En 1720 la Octava Villa de Cuba es azotada por una epidemia de rabia, primera que acontece en la región. Los habitantes hacen rogativas a la Virgen del Buenviaje y se afanan en la “limpieza” del terruño. El 25 de enero de 1828 el Capitán General Francisco Dionisio Vives (1823-1832) rubrica un  Bando de Buen Gobierno, y lo hace circular entre los alcaldes de la Isla.  En los artículos aborda el «[…] barrido de los solares; la no circulación al libre albedrío de chivos, caballos, cerdos, perros y otros animales por las calles y solares yermos…» Por esa fecha en Santa Clara, Sagua la Grande y Cienfuegos se promulga una orden contra los animales errantes: cada vecino debe tener un solo perro en cadena y se “lincharán” los vagabundos.


El Manual de la Isla de Cuba (1852), de José García de Arboleya, informa que «Hay perros de muy finas castas, buenos cazadores y excelentes guardianes que auxilian mucho al labrador en el cuidado de las fincas, y en la captura de negros prófugos. Se conocen las castas de los de presa.» Menciona razas y dice que los «[...] zatos […], siguen siendo […] una  última clase despreciable y abandonada.» Esos eran los que vagaban, y  obligó que a mediados del siglo Remedios figurara entre las primeras plazas del país en exigir la presencia de veterinarios en sus dominios.
La ubicación de esos profesionales no ocurriría hasta comienzos de 1880, cuando el médico cirujano Ramón Reyes, secretario de la Junta Subalterna de Vacunas, asumió la responsabilidad en el rastro, la vigilancia epidemiológica en puertos y en la jurisdicción. 


Los Anales de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, puntualizan en un texto de 1886, aparecido en su revista Crónica Médico Quirúrgica, que  una «[…] comisión compuesta por los Dres. Diego Tamayo, Francisco I. de Yildósola y Pedro Albarrán, se trasladó a París, en compañía de Joaquín Albarrán, residente allí, con el interés de realizar el estudio del procedimiento profiláctico de la rabia y los adelantos de la bacteriología.»  


Especifica que en Alemania estaba el clínico cubano Dr. Joaquín Lebredo, quien desde Rostoch, el 13 de mayo de 1886, envió una traducción del  estudio del Dr. Ulfelman sobre inoculación preventiva de Pasteur contra la rabia, una enfermedad viral que transmitían los animales (especialmente perros y gatos) al hombre. 


En 1922 Santa Clara está registrada como la ciudad de Cuba con mayores mordidas de perros rabiosos. Eso forzó al Dr. Ramón Lorenzo (investigador de la  anemia, el paludismo, y la impermeabilidad renal y la fiebre tifoidea), a promover el primer Instituto Provincial Antirrábico del país, ubicado en las calles de San Cristóbal entre Villuendas y Juan Bruno Zayas. La instalación funcionó hasta comienzos de la sexta década del pasado siglo. 


La primicia: aplicar la vacuna “Pasteurol” para inmunizar a los perros contra la rabia y  evitar males mayores en los seres humanos. Un 70% de la población total de canes eran callejeros, y excretas y orines pululaban por aceras y arterias viales. 
Las pesquisas de médicos cubanos encontraron otro transmisor de la  enfermedad endémica: las mangostas silvestres, mal llamado hurón, que a mediados del siglo XIX fue introducido de Birmania con el objetivo de combatir a los roedores que flagelaban los cañaverales e ingenios azucareros. Sin embargo, los hábitos de uno y otro animal eran diferentes y casi nunca se encontraban en círculos claros u oscuros, abiertos o cerrados. 


El botánico Álvaro Reynoso, según las Memorias de la Sociedad Patriótica de 1840, se querelló contra el daño indiscriminado a los «majaes nativos, —en especial el llamado Majá de Santa María— […], el mejor de cuantos enemigos puedan oponerse a la multiplicación y existencia de esos roedores.» La mangosta amenazó con liquidar la fauna ornitológica silvestre y doméstica. No creyó en aves y nidos, y atacó al hombre y transmitió la rabia en algunos territorios de una jurisdicción como Sagua la Grande, la cual en 1862 disponía de 125 ingenios. 


A pesar de eso, los animales domésticos, incluyendo la fauna silvestre, eran obsesión para los cubanos de entonces, y a partir de 1880 comenzaron a proliferar sociedades encargadas de salvaguardarlos, según se aprecia en el discurso político del reformismo finisecular en la Isla. El reglamento de la Sociedad Cubana Protectora de Animales y Plantas firmado en 1882, pregonó el desafío a la crueldad, sobre todo las cometidas en corridas de toros, lidias de gallos, en labores de equinos y con los sabuesos.


El gobierno interventor de los Estados Unidos, con el nacimiento del pasado siglo, dictaminó multas monetarias y penas en cárceles a quienes castigaran o atormentaran a cualquier animal, lo dañaran, mutilaran o mataran. Las contravenciones incluían a aquellos que los abandonaban o dejaban morir en lugares representativos. 


Desde entonces el maltrato a los animales, fueran o no mascotas, se contuvo y las intranquilidades por el entorno de las ciudades adquirieron un compromiso ciudadano: reforestación vial, calidad de las aguas,  incontaminación ambiental y vigilancia comunitaria que impidieran  cualquier desafuero individual o colectivo contra el entorno urbanístico. 



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